Los gobiernos federal y de Oaxaca no acreditaron que los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fueran presos de "alta peligrosidad", por lo que la juez federal María de Lourdes Lozano Mendoza les concedió ayer un amparo y ordenó a diversas autoridades administrativas que después de recibir la notificación judicial trasladen a los dos procesados a un centro de reclusión de mediana seguridad ubicado en Oaxaca.
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